jueves, 22 de julio de 2021

CIUDADANIA 2DO BGU S11

 

TEMA: Rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato

Observar el siguiente video:



¿Por qué es necesario que la ciudadanía exija la rendición de cuentas a los gobernantes?

¿Qué maneras se te ocurren para que docentes y directivos también rindan cuentas de su labor?

 

Actividades de desarrollo

 

Los representantes del pueblo electos mediante voto popular, al ocupar espacios de poder en el Estado, pueden perder la perspectiva del cumplimiento de los intereses del pueblo al que representan. Esto ocurre cuando priman sus intereses personales, hay debilidad en los principios ideológicos o son tentados por privilegios. Esta situación ha sido común en Latinoamérica y se ha expresado en múltiples hechos de corrupción y traición al pueblo, provocando graves crisis económicas, sociales y políticas que han conducido al desgobierno y a derrocamientos (Nieto, 2008).



La corrupción es una de las peores lacras porque implica el uso abusivo de los recursos del Estado para fines particulares, lo que carcome el desarrollo de los pueblos y los mantiene en la pobreza y el atraso. Cuando el pueblo elige a sus mandatarios, les entrega la potestad de ocupar espacios de poder del Estado, para atender las necesidades de la gente y garantizar sus derechos. La corrupción es la traición a este propósito y el uso de los recursos del Estado para beneficio personal, familiar o corporativo (Arjona, 2002).



Para evitar estas situaciones a nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 dispone las garantías del Estado para reconocer que la soberanía radica en el pueblo en su condición de mandante para elegir gobernantes, y le asigna la denominación de fiscalizador del poder público, lo que significa que este puede examinar las acciones y gastos públicos para determinar si se cumple con la norma. Este es un derecho y un deber de participación ciudadana para prevenir y combatir actos de corrupción y garantizar el cumplimiento de los derechos del pueblo (Constitución de la República del Ecuador, Art. 204). En caso de incumplimiento con estos propósitos, se plantea la posibilidad de revocatoria del mandato (CRE, 2008).

Bajo este criterio, la Constitución de 2008 crea la función de Transparencia y Control Social, y dentro de ella incorpora un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene funciones como promover la participación del pueblo para ejercer el control social en asuntos de interés público; así también establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de presentar al soberano sus informes de rendición de cuentas (CRE, 2008, Art. 207).



Con el fin de concretar la realización de las acciones de transparencia y control social, en el año 2013 en el Ecuador se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social.

 El control ciudadano de la gestión pública implica que el pueblo abandone una actitud pasiva, se interese por la ‘cosa pública’, y acompañe la gestión de sus representantes a través de los actos de rendición de cuentas, que permiten ubicar a tiempo fallas en el manejo del Estado (Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, 2013).

El artículo 207 de la Carta Magna indica que el CPCCS promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, establecerá mecanismos de control social y designará a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Además se establecieron 12 atribuciones que tienen relación con la lucha contra la corrupciónpromoción de la participación ciudadanasupervisión de las rendiciones de cuentas de las instituciones del Estado y la designación de las autoridades de control.

Los actos de rendición de cuentas y control social fortalecen la democracia, garantizan la gobernabilidad del país. Antonio Camou enfatiza que la importancia de esa gobernabilidad radica en que se haga rutina del pensamiento político: la tradición de la justicia y de la legitimidad del ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y la obligación de proveer el bienestar general, en suma, la tradición del “buen gobierno” (Camou, 2013).

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